Estimadas señoras, estimados señores:
    
Hoy nos dirigimos a Ustedes (en representación de ...... [ggf. Name der eigenen Organisation]) por las razones siguientes:
    
Estamos profundamente consternados por el asesinato de Berta Cáceres justo antes de medianoche del día de 2 de marzo de 2016.
 
Berta Cáceres era una lideresa indígena, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Fue una de los fundadoras del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y entre otros premios internacionales, ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015. El asesinato representa un daño irreparable a la defensa legítima de los derechos humanos en Honduras y en todo el mundo. Además da prueba de la carencia de medidas tomadas por el Estado hondureño, para la protección de las y los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado Medidas Cautelares para Berta Cáceres en el 2009, con las cuales el Estado no ha cumplido.
 
A partir del año 2012, comunidades de Río Blanco solicitaron el apoyo de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) ante la llegada imprevista de maquinaria y equipo técnico a su comunidad. Fue el inicio de las operaciones de la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Junto con 40 otras concesiones de represas hidroeléctricas, el proyecto Agua Zarca, fue aprobado mediante legislación nacional en septiembre de 2010, pese a ser una violación directa al derecho de consulta previa, libre e Informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la constitución hondureña. La instalación del proyecto en el otro lado del río en 2015 y el nuevo concepto no cambian la situación fundamental.
 
 
Para las comunidades Lenca el proyecto Agua Zarca, en cualquier forma, es una amenaza, porque según su cosmovisión, el río Gualcarque que fluye libremente tiene un especial significado cultural y espiritual.Por la falta de respeto a los derechos del pueblo Lenca, la falta de cumplimiento con el Convenio 169 y por los impactos negativos del proyecto sobre sus medios de vida, Berta organizaba y lideraba como Coordinadora del COPINH, una oposición pacífica al proyecto.
 
Producto de esta oposición, desde hace varios años Berta, junto con otros líderes Lencas, han sido blancos de amenazas e intimidación. Incluso ocurrió el caso en que el Estado de Honduras intentó criminalizar a Berta por la portación ilegal de armas. Caso que fue cerrado con sobreseimiento a favor de ella en Febrero del 2014. En Noviembre del 2013, otro líder de COPINH, Tomás García, fue asesinado y su hijo Alan García fue gravemente herido durante una protesta pacífica, a manos de un militar. A estos crímenes se suman tres asesinatos más contra personas opositores al proyecto Agua Zarca. En el inicio de 2016 DESA comenzó una campaña de deslegitimación y difamación contra Berta y COPINH culminando en un comunicado donde escribieron: "Hidroeléctrica Agua Zarca a la opinión pública hace saber las constantes mentiras que la activista de la organización COPINH, la señora Berta Cáceres que se define como una luchadora por el medio ambiente y los derechos de los indígenas, manipula constantemente la información para implementar una percepción negativa en torno al proyecto." Mediante un comunicado de prensa difundido el viernes 4 de marzo de 2016, la la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, expresó que el crimen contra la dirigente “existen probabilidades de que esté vinculado con su trabajo en defensa de los derechos humanos del pueblo indígena Lenca”, producto de la resistencia organizada contra Agua Zarca.
 
El proyecto Agua Zarca tiene financiamiento del Banco de Desarrollo holandés FMO, del Fondo de financiación para el desarrollo finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. La empresa Alemana Voith Hydro invirtió en el proyecto con la participación de la empresa Siemens. Las entidades de financiación de proyectos de desarrollo y la empresa privada han recibido alertas sobre la violación de los derechos humanos alrededor de la implementación del proyecto. Es de notar que tanto la empresa china Sinohydro como la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) suspendieron su financiamiento al proyecto. En el caso de Sinohydro, citaron los conflictos entre la empresa DESA y las comunidades locales como base para su decisión de retiro del proyecto.
 
El Estado de Honduras ha recibido a lo largo de los últimos años una variedad de recomendaciones en el marco de sus obligaciones suscritas a nivel internacional. Recientemente estas incluyen el Examen Periódico Universal (EPU), la declaración final de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, y el capítulo 2 de 2015 del informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Tomamos nota que durante el EPU, Holanda hizo una recomendación al Estado de Honduras para la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT.
 
Analizando todo esto llegamos a la conclusión que por parte del Gobierno de Honduras, sus cuerpos de seguridad y su sistema judicial, no existe ni voluntad ni capacidad para una investigación permanente e imparcial en este caso.
 
Por lo tanto, exigimos del Estado hondureño:
    
- La investigación profunda por parte de una Comisión Internacional Independiente
 
- La protección de la integridad física y moral del único testigo y sobreviviente del crimen Gustavo Castro Soto y salvoconducto para salir del país
 
- Una aclaración del Estado hondureño,¿por qué no ha cumplido con las medidas cautelares para Berta Cáceres, ordenadas desde el año 2009.

     

- Llamamos a las instituciones hondureñas a cumplir con su deber de garantizar la protección de todas las personas que defienden los derechos humanos en su país y a la debida implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente en Honduras, a fin de que hechos como éste no se vuelvan a repetir.
 
Por lo tanto, exigimos de los gobiernos de Países Bajos, Finlandia y Alemania:
    
- Tomar todas las medidas para garantizar que la investigación del caso sea imparcial y efectiva.
 
- Demostrar públicamente que han tomado todos los pasos posibles para garantizar que ni sus fondos y bancos de cooperación internacional, ni empresas privadas que tienen su casa matriz en su territorio, hubieran violado los derechos humanos de la población local afectada por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
 
Por lo tanto, exigimos de FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro
 
- Que las empresas transnacionales y bancos involucrados en el proyecto se retiren inmediatamente del proyecto de la represa Agua Zarca.
 
- Que FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro demuestren públicamente que han tomado todos los pasos necesarios para evitar violaciones de derechos humanos por parte de la empresa local DESA y que han aplicado plenamente los principios de diligencia debida (due diligence) y la obligación de respetar los derechos de la población Lenca.
 
Por lo tanto, exigimos al cuerpo diplomático y al grupo de los 16:
    
- Que a la vez de su comunicado del 4 de marzo deberían exigir de parte del Gobierno de Honduras y dando aporte financiero y logístico para la constitución de una Comisión Internacional Independiente, para investigar profundamente este crimen en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales.
 
Atentamente,
 
............................. ...................................
[Nombre]                  [Organización]
 

Dear ladies and gentlemen,
 
Today we turn to you (in representation of…) for the following reasons:
    
We are deeply shocked by the murder of Berta Cáceres just before midnight of March 2, 2016.
 
Berta Cáceres was an indigenous leader, human rights and environmental defender. She was one of the founding members of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) and has been awarded with the Goldman Environmental Prize in 2015, among other international awards. Her murder represents an irreparable damage to the legitimate defense of human rights in Honduras and in the entire world. It is also proof of the fact that the measures taken by the Honduran State for the protection of human rights defenders are insufficient in general and even more in the case of Berta Cáceres, as the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) had requested Precautionary Measures for her in 2009.
 
From the year 2012 onwards, the communities in Rio Blanco were facing the unexpected arrival of machinery and technical equipment and requested the support of COPINH. It was the start of the operations by the company DESA for the construction of the hydroelectric project Agua Zarca. Along with 40 other concessions of hydroelectric dams, the Agua Zarca project was approved by national legislation in September 2010, despite its direct violation of the right to free, prior and informed consultation according to Convention 169 of the ILO and the Honduran constitution. The installation of the project on the other side of the river along with the new concept in 2015 does not change anything at the fundamental level.
 
For the Lenca communities, the Agua Zarca project represents a threat in any case, because in their world view, the free-flowing Gualcarque River has a special cultural and spiritual significance. For lack of respect for the rights of the Lenca people, the failure to comply with Convention 169 and the negative impacts of the project on their livelihoods, Berta organized and led a peaceful opposition to the project as the coordinator of COPINH.
As a consequence of this opposition, Berta, along with other Lenca leaders, has been the target of threats and intimidation. The State of Honduras even tried to criminalize Berta for illegal possession of weapons. The case was dismissed in favor of her in February 2014. In November 2013, another leader of COPINH, Tomas Garcia, was killed and his son Alan Garcia was seriously wounded during a peaceful protest by a soldier. These crimes were followed by three murders of opponents of the Agua Zarca project. In the beginning of 2016, DESA began a campaign of delegitimization and defamation against Bertha and COPINH culminating in a statement in which they wrote: "Hydropower Agua Zarca is informing the public opinion about the constant lies that the activist of COPINH, Mrs. Berta Cáceres, who defines herself as a fighter for the environment and the rights of indigenous people, constantly manipulates information to cast a bad light on the project." In a press release issued on Friday, March 4, 2016, the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Victoria Tauli-Corpuz said about the crime against the leader "that it is likely to be linked to her work in defense of the human rights of the indigenous Lenca people."
 
The Agua Zarca project is financed by the Dutch Development Bank, FMO, the Finnish Fund for development funding, Finnfund and the Central American Bank for Economic Integration, CABEI. The German company Voith Hydro invested in the project with the participation of Siemens. Both the funding institutions as well as the private enterprise have received alerts about the violation of human rights around the implementation of the project. It is noteworthy that both the Chinese company Sinohydro and the International Finance Corporation (IFC) suspended its funding to the project. In the case of Sinohydro, they cited conflicts between the company DESA and local communities as the reason for its decision to withdraw from project.
 
The State of Honduras has received a variety of recommendations over recent years in the framework of its international obligations. The most recent include the Universal Periodic Review (UPR), the final declaration of the UN Special United Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, and chapter 2 of the annual report by the Inter-American Commission on Human Rights. We note that during the UPR, the Netherlands made a recommendation to the State of Honduras, asking for the implementation of the Guiding Principles on Business and Human Rights of the United Nations and ILO Convention 169.
 
Analyzing all this, we conclude that the Government of Honduras, its security forces and its judicial system, do neither have the will nor capacity for a permanent and impartial investigation into Berta’s assassination.
 
Therefore, we demand from the Honduran state:
    
- A profound investigation by an Independent International Commission
 
- To protect the physical and moral integrity of the only witness and survivor of the crime, Gustavo Castro Soto, and a safe conduct out of the country
 
- A clarification of why it has not complied with the Precautionary Measures to Berta Cáceres, ordered in 2009.
 
- We call on the Honduran institutions to fulfill their duty to ensure the protection of all people who defend human rights in their country and the proper implementation of the Protection of Human Rights Defenders Law in force in Honduras, to assure that something similar won’t happen again.
 
Therefore, we demand from the governments of the Netherlands, Finland and Germany:
    
- To take all measures to ensure that the investigation of the case is both impartial and effective.
 
- To demonstrate publicly that they have taken all possible steps to ensure that neither their funds nor international cooperation banks, nor private companies that have their headquarters in their territory, have violated the human rights of the local population affected by the hydroelectric project Agua Zarca.
 
Therefore, we demand from FMO, Finnfund, CABEI and Siemens-Voith Hydro
 
- That the transnational corporations and banks involved in the project are withdrawing immediately from the dam project Agua Zarca.
 
- That FMO, Finnfund, CABEI and Siemens-Voith Hydro publicly demonstrate that they have taken all necessary steps to prevent human rights violations by the local company DESA and have fully implemented the principles of due diligence and the obligation to respect the rights of the Lenca population.
 
Therefore, we demand from the diplomatic corps and the group of the 16:
    
- Instead of the press release of March 4, they should demand the establishment of an Independent International Commission from the Honduran government and give financial and logistical contribution to it, so that it can thoroughly investigate this crime in the search for the material and intellectual authors.
Sincerely,
 
 
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